Desde los
Colectivos de Jóvenes Comunistas de Ciudad Real queremos expresas
nuestra repulsa a las medidas represiva tomadas por el ministerio del
interior y la subdelegación del gobierno por la apertura de expediente
sancionador contra 9 estudiantes, (entre ellos 2 militantes de CJC) en
el que se les pide hasta 30.000 euros de multa por participar en la
manifestación convocada por el Colectivo Estudiantil de Ciudad Real e 10
de Mayo para protestar contra la brutal subida de tasas y los recortes
en la educación. Esta acción se ha justificado por parte de la Policía
Nacional y la Subdelegación del Gobierno bajo la insólita acusación de
“manifestación ilegal” y “desordenes públicos” aduciendo que la
manifestación no había sido autorizada.
Sin
embargo si se observan con claridad los hechos vemos que dicha acusación
no se sostiene al haber sido comunicada la convocatoria por el trámite
de urgencia y no hubo por parte de la Subdelegación del Gobierno
notificación alguna denegando el permiso. No es hasta el mismo momento
en que se va dar inicio la manifestación cuando
agentes de la Policía Nacional comunican a los convocantes que la
manifestación había sido desautorizada por la Subdelegación del Gobierno
amparándose en que supuestamente habían comunicado la negativa a las
8.00 de día 10 (es decir 4 horas antes de la manifestación), enviando
esta negativa a un fax de cuya existencia no conocen ninguno de los
convocantes. Con todo, los estudiantes no cedieron ante el chantaje de
las fuerzas represivas y siguieron adelante con la manifestación que
transcurrió con total normalidad y combatividad por las calles de Ciudad
Real terminando en la puerta de la Delegación de la Junta sin incidente
alguno. Posteriormente la persona convocante recibió un correo con la
denegación del permiso de la manifestación el día 11 de Mayo, es decir
¡UN DÍA DESPUES DE LA MANIFESTACIÓN!
Como ya
señalábamos en nuestro anterior comunicado denunciando los expedientes
sancionadores abiertos contra los piquetes que participaron en la huelga
general, estas no son otra cosa que las medidas represivas que impone
el Estado Burgués con el fin de amedrantar y criminalizar de esta forma
todo tipo de protesta social. Esta medida no es nada de extrañar
viniendo de los mismos que reprimieron con
brutalidad las protestas de los alumnos del IES Luis Vives de Valencia,
los mismos que persiguieron y encarcelaron a estudiantes y sindicalistas
que participaron en la pasada huelga general, los mismos que hace unos
días detuvieron arbitrariamente al compañero Diego Cañamero dirigente
del SAT e inmerso en multitud de juicios.
Y
es que no nos cansaremos de repetir que ante esta brutal crisis del
sistema capitalista la oligarquía no tiene otra forma de aumentar su
tasa de ganancia mediante el aumento constante de la explotación, la
apropiación de mayor plusvalía y la búsqueda de nuevos mercados. Eso
significa no sólo la dilapidación de derechos laborales históricos sino
un recorte brutal que pretende terminar con la sanidad y la educación
pública; y proceder a privatizarla y ponerla a disposición de los
monopolios empresariales privados, lo cual supondrá un deterioro
exponencial de las condiciones de vida de la clase obrera. La oligarquía
y sus gestores son plenamente conscientes de que estas medidas son
tremendamente impopulares y que van a encontrar una respuesta social
contundente en las calles. Por eso estamos asistiendo a la agudización
de la represión en los últimos como muestra de ello es la reforma del
código penal impulsada por el ministro del interior que pretende incluir
como delito penal la resistencia pasiva equiparándola con la
resistencia activa. Hemos visto también una campaña por parte de ciertos
medios de la derecha por criminalizar todo tipo de protesta social y
especialmente el movimiento estudiantil, cuyo ejemplo más cercano ha
sido la infame portada del periódico “La Razón” señalando a los líderes
estudiantiles y vertiendo sobre ellos todo tipo de calumnias.
Este tipo
de medidas tiene el objetivo de amedrantar a jóvenes estudiantes de
extracción popular que se rebelan ante medidas y recortes que pretenden
empeorar la situación de la UCLM, impedir que los hijos de la clase
obrera puedan acceder a la educación y entregar los campus a las
multinacionales y los monopolios privados. Es a estos a los que la
Dictadura del Capital impone sus sanciones y no a especuladores como
Rato que después de jugar e intrigar con los ahorros de millares de
personas se van de rositas con una indemnización desorbitada mientras
que fruto de sus jueguecitos es a la clase obrera a la que nos toca
rescatar a Bankia con nuestros impuestos. Es por ello que nos queremos
solidarizar de todo corazón con los estudiantes sancionados y animarles a
que sigan adelante en su lucha contra todas estas medidas que pretenden
pulverizar la educación pública gratuita existente bajo el capitalismo y
les animamos a luchar por una educación gratuita, de calidad, laica,
científica, multicultural y universal al servicio de la clase obrera. No
nos queremos despedir sin pedir a la Subdelegación del Gobierno y al
Ministerio del Interior la inmediata retirada de los expedientes
sancionadores y las multas a todos los estudiantes afectados.
¡Basta ya de represión!
¡No a los recortes!
¡Absolución para los estudiantes sancionados!
Comité Provincial de CJC Ciudad Real