El mes pasado fueron detenidos ocho empresarios que falsificaban certificados de la Agencia Tributaria con la finalidad de obtener subvenciones, se les imputa se les imputan delitos contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental, estafa e infracción a la Ley de Extranjería.
El aumento significativo de solicitudes de autorización de residencia y trabajo, utilizando la vía del arraigo social, presentadas en la Dependencia de Trabajo y Seguridad Social de la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real por parte de extranjeros extracomunitarios, quienes adjuntaban, en sus solicitudes, precontratos de trabajo levanto las sospecha.
Las empresas investigadas falsificaban certificados de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago, con la finalidad de obtener subvenciones otorgadas por las diferentes Administraciones y de demostrar la solvencia económica de la empresa para regularizar en España a trabajadores extranjeros no comunitarios, a los que cobraban cantidades que oscilaban entre los 300 y 8.000 euros.
En algunos de estos casos, los empresarios eran conscientes de que las solicitudes de regularización en España iban a ser denegadas, al tener sus empresas deudas importantes con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
Las empresas investigadas tenían escasa infraestructura, ya que señalaban como domicilios sociales viviendas particulares del propio empresario o bien de alguno de sus familiares, careciendo, la mayoría de ellas, de oficinas, herramientas y maquinaria de trabajo, limitándose a tener únicamente a su nombre varios vehículos que utilizaban para el traslado de los trabajadores.
El lenguaje periodístico no oculta otra cosa que unos de los muchos casos flagrantes de la mayor explotación a la que se ven sometidos los trabajadores inmigrantes, bajo condiciones laborales más denigrantes que la media de la cual se lucran los patronos.
No nos separa la raza, sino la clase social.
¡De aqui o de fuera la misma clase obrera!